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| Edificio Sede del Tribunal Constitucional Rep. Dom. |
Por: Alfredo Ramírez P.
Artículo de opinión
La información pública como garantía
democrática
Santo Domingo, D. N.— En una democracia constitucional, conocer cómo se administran los
recursos públicos no debería ser considerado un privilegio, sino un derecho.
Cuando esos recursos son entregados a organizaciones políticas para el
desarrollo de sus actividades, la ciudadanía tiene una razón aún mayor para
exigir transparencia, rendición de cuentas y acceso oportuno a la información.
En ese contexto adquiere especial
relevancia la Sentencia TC/0192/15, dictada por el Tribunal
Constitucional el 15 de julio de 2015, a propósito de una acción de amparo
relacionada con la entrega de información sobre los gastos de campaña del
entonces presidente del Partido Demócrata Popular (PDP), doctor Nelson Didiez.
La decisión constitucional representó,
a nuestro juicio, un paso importante en la consolidación de una cultura
democrática basada en la transparencia. El Tribunal Constitucional sostuvo que
restringir injustificadamente el acceso a determinada información supondría
afectar un derecho fundamental estrechamente vinculado con la libertad de
opinión y de expresión.
La importancia de este criterio
trasciende el caso concreto. Su verdadero valor está en recordar que el
ciudadano no debe ser un espectador pasivo de la actividad de las
organizaciones políticas cuando estas administran recursos de origen público.
Los partidos, agrupaciones y
movimientos políticos reconocidos desempeñan una función esencial dentro del
sistema democrático. Sin embargo, esa importancia institucional también lleva
aparejada una responsabilidad: explicar a la sociedad cómo utilizan los
recursos que reciben del Estado.
La transparencia no debe entenderse
únicamente como la publicación ocasional de documentos financieros. Implica que
la información sea accesible, comprensible, verificable y suficientemente
detallada para que cualquier ciudadano pueda conocer el destino de los fondos
públicos.
Desde esta perspectiva, la rendición
de cuentas no debería producirse exclusivamente durante los períodos
electorales. La responsabilidad sobre el manejo de recursos públicos permanece
mientras exista la obligación de administrarlos correctamente.
Este punto resulta fundamental. La
democracia no comienza el día de las elecciones ni termina cuando concluye una
campaña. También se construye durante los períodos en los que los ciudadanos
tienen el deber de observar, preguntar y fiscalizar la actuación de quienes
participan en la vida política.
Uno de los aspectos más relevantes de
la decisión constitucional es la relación que establece entre el acceso a la
información y la libertad de expresión.
Una ciudadanía que carece de
información suficiente tiene mayores dificultades para formar opiniones
fundamentadas. Por eso, el acceso a la información pública constituye una
herramienta indispensable para el ejercicio responsable de otros derechos democráticos.
En materia electoral, esta realidad
adquiere una dimensión particular. Un ciudadano informado puede evaluar con
mayor objetividad la conducta de las organizaciones políticas, conocer el
destino de los recursos públicos y formular cuestionamientos sustentados.
La transparencia convierte al
ciudadano en un verdadero vigilante de la democracia.
No se trata de otorgarle facultades
extraordinarias, sino de reconocerle una función natural dentro de un Estado
constitucional: preguntar, conocer, analizar y exigir explicaciones cuando
estén comprometidos recursos que pertenecen a la colectividad.
La aprobación de la Ley General de
Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04, significó un avance
importante para institucionalizar el derecho de los ciudadanos a solicitar
información a entidades que manejan recursos públicos.
A partir de este marco jurídico, la
transparencia dejó de depender exclusivamente de la voluntad de las
instituciones y pasó a formar parte de las obligaciones que deben observar
quienes administran fondos provenientes del Estado.
En el ámbito político-electoral, este
principio adquiere especial importancia debido al financiamiento público de las
organizaciones políticas. Los recursos entregados por el Estado no pierden su
naturaleza pública por el hecho de ser administrados por una organización
partidaria.
Por el contrario, precisamente porque
se trata de fondos públicos, existe una obligación reforzada de rendir cuentas
sobre su utilización.
La sentencia TC/0192/15 debe ser
observada como parte de la evolución de la jurisprudencia constitucional
dominicana en materia de acceso a la información, transparencia y participación
ciudadana.
Su importancia no radica únicamente en
la solución del conflicto que dio origen al proceso. También reside en el
principio que proyecta: la información relacionada con el uso de recursos
públicos no puede convertirse en un territorio inaccesible para la ciudadanía
mediante restricciones carentes de justificación constitucional o legal.
La transparencia, además, fortalece a
los propios partidos políticos. Una organización que informa con claridad sobre
sus ingresos y gastos genera mayores condiciones de confianza frente a sus
afiliados, simpatizantes y ante la sociedad en general.
Por ello, exigir rendición de cuentas
no debe interpretarse como una acción dirigida contra los partidos. Al
contrario, constituye una exigencia democrática que contribuye a fortalecer su
legitimidad institucional.
Desde Revista Electoral
consideramos que la transparencia en el financiamiento político debe ser
entendida como uno de los pilares de la democracia contemporánea.
No basta con celebrar elecciones
periódicamente. También es necesario garantizar que quienes participan en ellas
actúen bajo reglas de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
La ciudadanía tiene derecho a saber
cómo se utilizan los recursos públicos destinados al sistema político. Y ese
derecho no debería depender del calendario electoral.
La Sentencia TC/0192/15 dejó un
mensaje que conserva especial valor: el acceso a la información fortalece la
libertad, la participación ciudadana y el control democrático del poder.
En consecuencia, toda política pública
orientada a fortalecer la transparencia del financiamiento político debe procurar
que la información sea accesible y comprensible para la ciudadanía. No como una
concesión de las organizaciones políticas, sino como parte de las obligaciones
inherentes a la administración de recursos de origen público.
Una democracia transparente no teme a
las preguntas de sus ciudadanos. Por el contrario, se fortalece cuando la
sociedad pregunta, cuando las instituciones responden y cuando los recursos
públicos pueden ser examinados con responsabilidad.
Ese es, en definitiva, uno de los
mejores mecanismos para preservar la confianza en el sistema electoral y en las
instituciones políticas.
La transparencia no es un lujo, es la
base de una democracia sana.
Gracias por haber leído este artículo.
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