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| Encuestas Electorales Reglamento JCE 2028 Republica Dominicana |
Este año, la Junta
Central Electoral (JCE) distribuirá alrededor de RD$1,620 millones entre
las organizaciones políticas, de los cuales RD$129.6 millones corresponden
al grupo de partidos con menor votación. Bajo el mecanismo vigente, cada
organización de esa categoría recibiría aproximadamente RD$3.93 millones
anuales.
Ver Reglamento de Distribución
La distribución
responde a un nuevo criterio establecido a partir de decisiones judiciales,
mediante el cual para determinar la categoría de una organización se consideran
los resultados obtenidos en los distintos niveles de elección,
incluyendo presidencia, Senado, diputaciones, alcaldías, regidurías,
direcciones distritales y vocalías.
El criterio fue
cuestionado por varias organizaciones políticas, pero el Tribunal
Constitucional, mediante la sentencia TC/0746/2026, rechazó el
recurso presentado contra las reglas establecidas para la asignación del
financiamiento y el orden de las boletas electorales.
Pocos votos, recursos millonarios: La lista de beneficiarios
El debate adquiere
mayor dimensión al observar que varias organizaciones beneficiadas no
alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024.
Entre las principales organizaciones en esta categoría figuran:
Entre ellas
figuran Partido de Unidad Nacional (0.97 %), Justicia Social (0.92 %),
Alianza País (0.66 %), PRSD (0.62 %), Partido Cívico Renovador (0.62 %) y MODA
(0.53 %), además de otras organizaciones con porcentajes inferiores.
También aparecen
movimientos con una votación considerablemente menor. El Movimiento
Independiente Unidad y Progreso, por ejemplo, registró apenas 1,902 votos,
mientras otras agrupaciones obtuvieron menos de mil sufragios y, aun así,
figuran entre las entidades beneficiadas con la asignación establecida.
El debate: ¿Pluralidad o despilfarro de recursos públicos?
El sistema plantea
una pregunta que trasciende a los partidos: ¿debe el financiamiento público
premiar la existencia legal de una organización o guardar una relación más
directa con su respaldo electoral?
Desde una
perspectiva institucional, el financiamiento estatal busca garantizar pluralidad,
participación política y condiciones mínimas de competencia, evitando que
la actividad partidaria dependa exclusivamente de intereses privados.
Sin embargo,
cuando organizaciones con cientos o pocos miles de votos reciben
asignaciones millonarias, surge también la necesidad de discutir si los
mecanismos actuales reflejan adecuadamente el peso electoral de cada agrupación
y si existen suficientes controles sobre el uso de esos recursos.
Un debate que trasciende el dinero
El asunto tiene
además una dimensión directamente electoral. La forma en que se distribuye el
financiamiento público puede incidir en la supervivencia, organización y
capacidad competitiva de los partidos de cara a futuros procesos electorales.
En otras palabras,
el dinero público no solo financia estructuras partidarias: también puede
contribuir a mantener en el escenario político a organizaciones con una
representación electoral reducida.
https://revistaelectoral.blogspot.com/2025/03/por-sentencia-del-tribunal.html
Por ello, de cara
al próximo ciclo electoral, el debate debería centrarse no únicamente en cuánto
dinero recibe cada partido, sino en si el modelo actual logra equilibrar pluralismo
político, representación ciudadana, transparencia y proporcionalidad electoral.
La discusión queda
abierta: ¿es suficiente obtener el reconocimiento legal para acceder al
financiamiento público o debería existir una relación más estricta entre los
recursos recibidos y la cantidad de votos obtenidos? Esa será,
previsiblemente, una de las cuestiones que continuará generando debate en el
sistema político dominicano.
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