Por: Alfredo Ramírez Peguero
Etimológicamente, El término “amicus curiae” proveniente del latín que traducido significa “amigo de la corte”. En sentido gramatical se define como un tercero que, sin ser parte directa en el caso, ofrece información o argumentaciones adicionales al tribunal con el objetivo de influir en el fallo judicial. Este ensayo busca examinar la naturaleza, origen y función del amicus curiae, así como su impacto en el sistema judicial.
Antecedentes
Históricamente,
esta figura jurídica con el tiempo ha adquirido gran relevancia e importancia en
términos legales. Sus antecedentes se remontan en apariencia al derecho romano,
donde los jueces consultaban a los abogados para recibir de ellos asesorías o
consejos para la solución de un litigio.
Sin embargo, los orígenes del amicus curiae no están bien definidos en su génesis. Algunos autores como Radin (1928) asegura que este se sitúa en el derecho romano, mientras que otros como Salinas (2008) lo ubican en el derecho inglés. Por antonomasia, el amicus curiae consiste en la presentación de un tercero ajeno al proceso, que interviene voluntariamente al proceso, aportando su opinión jurídica, asesoría y experiencia al tribunal o corte. Con frecuencia se presenta como un colaborador.
Pero,
no fue hasta comienzos del siglo IX, que la institución del amicus curiae se incorpora
en el derecho anglosajón, donde el interesado aporta al tribunal su colaboración
y apoyo al momento del juez estatuir sobre el caso, ya sea despejando dudas o
señalando dificultades procesales en la que, la corte pudiese estar incurriendo.
Su participación se argumentó en casos de interés público donde existían temas polémicos
o controvertidos.
Entre
los siglos XVII y XVIII, la institución del
amicus curiae se amplió en Inglaterra con el objetivo de asegurar que su introducción
en el tribunal o corte sirva de precedente en la interpretación de la norma. Sin embargo,
no fue hasta el siglo XX, que la Corte Suprema de los EE.UU., permitió su uso
para los particulares.
Aplicación en la región
En
Latinoamérica, el amicus curiae tiene aplicación en Argentina, en el ámbito constitucional
y electoral. En Colombia desde el año 1991, donde se permite la intervención de
esta figura en instituciones públicas, organizaciones privadas y a los expertos
en las áreas vinculadas con el tema a tratar. En Brasil desde el 1999, en Perú el
amicus curiae tiene carácter constitucional. Y finalmente, en Ecuador y México.
Por
su naturaleza jurídica, el amicus curiae no es parte directa en el proceso, ni
es vinculante para el juez. Su participación es voluntaria ya que su integración
se fundamenta en el principio de que el tribunal o corte se benefician al recibir
informaciones, orientaciones u opiniones adicionales de expertos que directamente
no tienen vinculación en el litigio. Por ende, el papel del amigo de la corte
es meramente informativo y de persuasión ya que no busca la defensa de
intereses propios.
En
la República Dominicana, la figura del amicus curiae se encuentra regulado por
citar un ejemplo en el ordenamiento reglamentario del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Superior Electoral donde se establecen los requisitos para su admisión.
Aunque existen evidencias de su aplicación en otras jurisdicciones ordinarias,
como el Tribunal Superior Administrativo, entre otros.
Utilización
Cabe
destacar, que la funcionalidad de esta figura es la de proporcionarle al
tribunal una perspectiva ampliada sobre aspectos legales, técnicos y sociales del
caso a tratar. Su participación es valiosa en temas complejos donde la corte
pudiera carecer del conocimiento especializado. Además, puede presentar
argumentos sobre políticas públicas que podrían tener influencias en la toma de
la decisión judicial puesta en causa.
Sin
embargo, a pesar de sus beneficios, el uso de esta institución no exenta de críticas
y desafíos. Ay quienes sostienen que su participación podría diluir la posición
de los involucrados en el caso. Mientras que otros sostienen que pudiera ser
empleado para promover estratégicamente puntos particulares.
Finalmente,
el amicus curiae representa una herramienta indispensable para el ordenamiento
legal ya que este enriquece el debate. Su evolución a través del tiempo va en
aumento, pero su uso debe ser cuidadosamente regulado para garantizar su
efectividad sin que esta comprometa la equidad e imparcialidad del proceso
judicial.